La democracia ha sido
sacada al pizarrón por los ciudadanos. Estrecha , laxa, agotada, desgastada y vilipendiada
parece aun más deslegitimada en un país con tan alto nivel
de desigualdad. “En los países de la OCDE
hoy en día, el ingreso promedio del 10% más rico de la población es
aproximadamente nueve veces el del 10% más pobre - una proporción de 9 a 1. Sin
embargo, la proporción varía mucho de un país a otro; (...) (alcanzando una proporción) 10 a 1 en
Italia, Japón, Corea y el Reino Unido; alrededor de 14 a 1 en Israel, Turquía y
Estados Unidos, y el 27 a 1 en México y Chile. (OCDE 2011). Así es , Chile es uno de los dos países más
desiguales de de la OCDE.
La ciudadanía, cada vez más consciente de
esta “incómoda realidad”, llena de energía interpela a quienes de un modo u
otro han tenido alguna responsabilidad en avalar la “cojera de la mesa”, la
mala repartija de la torta. Esta ciudadanía ya no se banca el chancho mal
pelado.
El gobierno de derecha tuvo el poder de sanar
al pueblo aletargado: resultó más fácil enfrentar al gobernante empresario y
heredero además del legado dictatorial, fuente de la cual provienen gran parte
de los males que el pueblo estoico aguantó por más de dos décadas.
La ciudadanía capturada en la encrucijada
democracia-dictadura, concedió paciencia, templanza, silencio y mesura a los
gobiernos de la concertación. Aguantó sus lentas reformas, más paulatinas y
negociadas de lo requerido, pero vamos, eso ya es cuento viejo.
La ciudadanía ha despertado de su
complaciente letargo y ya no tolera con la misma candidez soluciones a media,
medidas parche y los acuerdos entre cuatro paredes.
La
Sociedad Red ha permitido poner un foco de luz dentro de la gestión pública. La
ley de transparencia ha permitido a los ciudadanos interpelar con mayor
propiedad a la autoridad.
La difusión de información haciendo solo “clic”,
ha permitido lo que Castells denomina la autocomunicación de masas, de modo tal
que no se requiere de los medios oficiales para compartir información, ni
tampoco para coordinar esfuerzos.
Resulta evidente que debiera ser preocupación
de la clase gobernante establecer conductos formales que permitan canalizar de
mejor modo las justas demandas de una ciudadanía rezagada por décadas en su
protagonismo.
A los indignados poca paciencia les queda,
por lo tanto es evidente que si no se encuentran eficientes y participativos
caminos para mejorar el flujo de conversación entre los gobernantes y los
gobernados, más difícil será contener el descontento acumulado de deudas
evidentes, de desigualdades que resultan cada día menos justificadas o
comprensibles.
Las TIC ofrecen la posibilidad de canalizar
una participación más activa. Las estrategias asociadas a gobierno electrónico
han permitido transitar desde la información hacia la transacción, activando
cada día más mecanismos que permite una participación más activa de la
ciudadanía.
Las
TIC ofrecen soluciones que nos permiten articular y evidenciar demandas,
establecer mecanismos para gestionar conocimiento y también nos permite consensuar
propuestas y acuerdos que puedan ser garantes de una mejor democracia.
Sin embargo, la apropiación social de las TIC
también evidencia la desigualdad de sustrato.
En este contexto resulta necesario comprender
que el acceso a la TIC se ha transformado en DD.HH. emergente como lo ha
señalado la ONU en la
“Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet firmada por el Relator Especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y de Expresión”.
Esto implica que los estados deben generar políticas que permitan a los sectores
más vulnerables contar con espacios que, por una parte permitan el acceso a
computadores con internet y que por otra, sean capaces de asegurar que los
miembros de las comunidades más excluidas reciban las herramientas que le
permitan usar las TIC para empoderarse como
ciudadanos, adquiriendo mayor protagonismo en la esfera pública.
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