Estrategia Digital: otra deuda del Gobierno de Piñera

Hace un año, Alfredo Barriga, el Secretario Ejecutivo de Estrategia Digital, hacía gárgaras convenciéndonos a todos de que el Gobierno tenía un gran plan para mejorar el emprendimiento usando TIC: ese iba a ser el sello de Piñera. Meses después, un Barriga abandonado en un piso del bello edificio estatal, sin gente a su cargo, sin piso ni espaldas políticas, constataba la dura realidad, como dice Barros: la estrategia digital “no es tema”. Mucha agua ha pasado bajo el puente y hace unos meses Oliver Floegel asumió en ese puesto, que se trasladó de Economía a Subtel y poco o nada hemos sabido hasta ahora.

Hace unos años, logramos que la Cámara de Diputados apoyara el proyecto de acuerdo 550, que compensaba de algún modo las deudas que dejo la Estrategia Digital del Gobierno de la Presidenta Bachelet. Sin embargo, ese, como otros proyectos duerme en el parlamento. Sin embargo, hay algo que resulta muy interesante y que esperamos que sea tomado en cuenta por nuestro nunca bien ponderado gobierno de turno.

Parte importante de los temas incluidos como legitimas demandas en ese proyecto de acuerdo, los podemos encontrar en la declaración conjunta sobre libertad de expresión e Internet, del 1 de junio de 2011 y en el documento emanado de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de agosto de 2011 respecto de la “promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión”, presentado por Frank La Rue, en el cual se reitera que los Estados tienen “la obligación de promover o facilitar el disfrute del derecho a la libertad de expresión y los medios necesarios para ejercer este derecho, lo que incluye a Internet”.

El Relator Especial insta a los Estados a apoyar la formación de aptitudes en tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), que pueden ir desde los conocimientos básicos para poder navegar, hasta usos profundos que permitan a los ciudadanos, fiscalizar e incidir en la gestión pública. Señala, además, que se debe prestar especial atención a los sectores más excluidos y vulnerables, dentro de los que incluye a las víctimas de la pobreza. El Relator señala que:

El acceso a Internet permite a las personas desfavorecidas, marginadas o víctimas de discriminación obtener información, hacer valer sus derechos, y participar en el debate público sobre los cambios sociales y políticos. Además, Internet permite a las minorías y los pueblos indígenas expresar y reproducir sus culturas, lenguas y tradiciones, preservar su patrimonio y hacer una contribución útil a los demás en un mundo verdaderamente multicultural. Sin embargo, para que los usuarios puedan aprovechar plenamente las posibilidades de Internet, los conocimientos básicos en TIC son esenciales.

El Relator recalca la responsabilidad de los Estados en generar políticas que aseguren la equidad en el acceso, razón por la cual se deben tomar medidas que aseguren el acceso efectivo a los ciudadanos.

Para tal efecto insta a los Estados a generar estrategias para garantizar el acceso a conectividad ya sea de modo privado o comunitario, principalmente en los sectores más aislados y más excluidos.

Señala, además, que ya que Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para la plena participación los Estados deben integrar políticas y estrategias efectivas, concretas y participativas “para que Internet esté ampliamente disponible y sea accesible y asequible para todos”.

Dentro de las principales recomendaciones que incluye la ONU en este documento destacan:

- Usar las TIC para promover una cultura de paz.

- Implementar medidas que aseguren la puesta en marcha de formación que permita incorporar el uso de las TIC y de Internet en toda la población.

- Procurar que los Estados favorezcan el contenido web de los sitios en idiomas de la minorías y de los pueblos indígenas. Del mismo modo, debe implementar soluciones que permitan a las personas con discapacidad tener acceso a la información.

- Aplicar perspectiva de género para el acceso a internet y para su uso efectivo.

- Comprender que el “acceso a la información, la capacidad de ejercer el derecho a la libertad de expresión y la participación de todos los sectores de la sociedad logrados gracias a Internet es esencial para una sociedad verdaderamente democrática”.

Estaremos a la espera para ver cuánto de esto recoge nuestro Gobierno: lo que dijimos nosotros hace años ahora lo dice la ONU: esperemos que esta vez sí sea considerado. Les animamos a leer ambos documentos.

* Erika Silva Urbano
Estudiante de magíster en Gobierno y Gerencia Pública
Universidad de Chile