jueves, 3 de abril de 2008

CAMARA DE DIPUTADOS APROBO PROYECTO DE ACUERDO QUE IMPULSA ESTRATEGIA DIGITAL



.........Satisfacción en organizaciones ciudadanas........


La Cámara de Diputados aprobó el miércoles 2 de abril un Proyecto de Acuerdo en que se solicita a la Presidenta de la República, incorporar al más alto nivel de prioridad la implementación de una Estrategia Digital orientada a la aplicación intensiva de las TICs para mejorar la productividad y favorecer la efectiva democratización en el acceso a los beneficios de Internet y la banda ancha para todos los ciudadanos.


La iniciativa fue presentada por el Diputado del PPD Rodrigo González y está respaldada por las organizaciones convocantes al Encuentro Ciudadano Digital: Coordinación Nacional de Infocentros, Movimiento Liberación Digital, Campaña Un Computador por Niño- Chile, Acción Digital (Valparaíso), Mujeres en Conexión – Chile, Comunidad Educalibre, Comunidad Gubernamental Informática. La reunión se efectuó el jueves 27 de marzo y contó con la participación de un centenar de personas .


El proyecto de acuerdo toma las seis temáticas discutidas en ese Encuentro:


1.- Establecer Internet como un servicio público con fines sociales consagrado por ley asegurando su acceso a precios accesibles a todos los ciudadanos. Para tal efecto el Estado debería contar con una infraestructura digital de uso público ya sea propia o de privados que permita la interconexión con fines sociales y garantizar de este modo el acceso y la promoción del uso significativo de Internet y las nuevas tecnologías con un énfasis social


2.- Incentivar e incrementar sustantivamente la competencia entre las empresas y la diversificación del mercado en el sector Telecomunicaciones. El Estado debería jugar un rol mucho más activo a través la licitación de espectros de última generación, y otras políticas públicas y programas que eviten que el comportamiento monopólico de las empresas y permitan avanzar más rápida y efectivamente en el acceso masivo de la mayoría de la población a dispositivos de conectividad y a banda ancha de buena calidad y bajo precio.


3.-Modernización urgente de la legislación clave que regula Internet y el uso de nuevas tecnologías. Se recomienda modificar el sistema de concesiones por cobertura derivando hacia un sistema de remate y licitación del espectro radioeléctrico que permita cautelar mejor el interés general y asegurar cuantiosos ingresos fiscales que pueden ser destinados a inversión en conectividad pública. Garantizar, por la vía legislativa, que los estándares abiertos y otros estándares reconocidos coexistan, de manera de que los órganos del Estado no discriminen a favor de opciones cerradas (propietarias) y limiten de esta manera las alternativas de interoperabilidad y el principio de imparcialidad tecnológica informada.


4. Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana. Se hace fundamental promover activamente la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil interesadas en temas de políticas tecnológicas, considerando especialmente las variables de género, etnia, cultura local, situación socioeconómica y localización geográfica.


5. Institucionalidad. Crear una institucionalidad estatal del más alto rango dotada de las facultades y recursos necesarios para dirigir, promover y coordinar las políticas tecnológicas
6. Desarrollar un sistema educativo para la sociedad de la información y del conocimiento. Garantizar el acceso universal a las TICs para la educación de los chilenos. Estas tecnologías, incluyendo Internet deben apoyar los distintos procesos y desafíos, no sólo en el ámbito de la educación formal (escolar y superior), sino también de una educación continua para toda la población y deben ser adaptables a las necesidades y capacidades de cada contexto específico.


Por último el Proyecto de Acuerdo propone definir mecanismos para un seguimiento efectivo de la Estrategia Digital definida por el Gobierno, a través de la formación al más alto nivel una mesa público-privada con amplia participación de la sociedad civil, en especial de empresas, universidades, ONG's y organizaciones sociales que evalúe y proponga en el plazo de seis meses las políticas públicas especificas para aplicar las medidas anteriormente señaladas u otras que el país necesite para recuperar terreno y ponerse a la vanguardia en la utilización de TIC's para su desarrollo.


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