martes, 10 de enero de 2017

Ciudades inteligentes: la plataforma territorial de los derechos humanos



Las  TIC irrumpen en nuestra vida cotidiana mucho más de lo que imaginamos. Su actuar coordinado y articulado en particular en un territorio, poco a poco configura lo que entendemos como smart city, o sea como una ciudad inteligente, sin embargo, esta articulación  o coordinación de aplicaciones, sistemas, plataformas y dispositivos, no aseguran necesariamente la construcción de una ciudad que garantice el desarrollo humano, tampoco que tenga como foco la disminución de la desigualdad, ni menos que promueva y garantice el respeto por los derechos humanos.


Los datos abiertos con que cuentan los estados y la ciudadanía, sin duda podrían ser insumo el insumo necesario para poder establecer el cruce de datos que permita obtener mejor información para la toma de decisiones. Por ejemplo, poder contar con aplicaciones que nos permitan saber donde podemos acceder a alimentos más baratos, a reciclar nuestros desechos, a ofertas de trabajo, a oportunidades para los migrantes o conocer los derechos que tenemos, cómo defenderlos, saber cómo se pueden hacer denuncias ante la justicia, la Contraloría, etc. podrían garantizar que nuestra ciudad ofrezca garantías en la tarea de promover, respetar y garantizar la defensa de los derechos humanos.

En general, las conversaciones sobre ciudades inteligentes son lideradas por personeros que provienen del mundo TIC y de la ingeniería, sin embargo, los bordes temáticos obligan a distintos sectores a incorporarse al tema, pues solo de ese modo se puede garantizar que esa ciudad inteligente, sea modelada como un espacio inclusivo, democrático y participativo. 

Para tal efecto la liberación de datos por parte del Estado, resulta vital. La CEPAL señala que en la medida que los datos estén disponibles, se les debe entender como un bien público de las ciudades.

Es altamente deseable que las ciudades desarrollen capacidades para supervisar sus servicios y mejorarlos, así como para mejorar la innovación, desde el interior de sus  organizaciones, como desde fuera. De esta manera los datos abiertos de gobierno, pueden ser la base de gobernanza urbana en que las organizaciones ciudadanas pueden abrir el camino, hacia una gobernabilidad más participativa. Como resultado, la información de organizaciones públicas y privadas, fundamental para la vida de los ciudadanos, debería estar disponible, accesible y procesable. (FUNG, 2013 en CEPAL, 2014)

¿En qué medida la formación que recibimos en la escuela o en  la educación superior nos prepara para ser agentes activos de la construcción de ciudades inteligentes que garanticen el respeto por los derechos humanos? Resulta interesante y necesario interpelar el rol del Estado en esta línea, pues las herramientas con que contamos, en virtud de la sostenida penetración de las TIC en los hogares y en las aulas, son elementos básicos que cada vez tenemos más a mano para poder ponerlas a la servicio de las deudas pendientes que enfrentan las sociedades con alto nivel de desigualdad, como la sociedad chilena.

Del mismo modo contar, con datos abiertos es un factor clave para recuperar la fe pública en escenarios de alta desconfianza hacia la esfera política. Poner en vitrina la gestión pública y contar con cajas de resonancia que evidencien las fallas y faltas cometidas por los distintos actores, debiera, en teoría, por una parte, desalentar las conductas impropias y por otra parte, visibilizar responsables.

Es así que solo el gobierno abierto, aquel que pone al servicio de la ciudadanía los datos con los que cuenta, podría transformar al Estado en un garante que permite mejorar los índices de transparencia y confianza pública. Es entonces, en virtud de lo anterior, que el Estado debe disponer de todos sus aparatos, entre ellos del sistema educativo, para que los ciudadanos puedan tener acceso a dichos datos y también para que puedan ser productores de información de alto valor público.

La Carta Iberoamericana  de Gobierno Abierto, aprobada por la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministras y Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado en Bogotá, Colombia, 7 y 8 de julio de 2016, entrega a los países de la región una ruta que se hace cargo en gran medida de las tareas pendientes y de las brechas, levantando una propuesta activa que se obtiene a partir, por una parte,  de una lectura crítica y sistémica de la trayectoria recorrida, y por otra, del contexto  actual señalando que en definitiva, el gobierno abierto  “lleva en su base un cambio cultural, una nueva forma de gobernar: por, para y con la ciudadanía”( CLAD, 2016). Dicha carta señala con claridad que la finalidad del gobierno abierto es:

Buscar crear valor público teniendo por finalidad la concreción del derecho de los ciudadanos a un buen gobierno, que se traduzca en un mayor bienestar y prosperidad, en mejores servicios públicos y calidad de vida de las personas, para contribuir al fortalecimiento de la democracia, afianzar la confianza del ciudadano en la administración pública y al desarrollo efectivo de las máximas del bien común, el buen vivir, el vivir bien y la felicidad de las ciudadanas y ciudadanos bajo una perspectiva de desarrollo sostenible, inclusión y respeto a la dignidad humana y la diversidad cultural. (CLAD, 2016)

Los beneficios del gobierno abierto, según el documento prometerían elevar la calidad institucional de los gobiernos a través del incremento de la legitimidad de la acción pública, generar una mayor confianza entre Estado y ciudadanía, promover mejores resultados a menor costo a través del aprovechamiento de los conocimientos y los recursos de la ciudadanía, impulsar que las políticas sean más específicas y atiendan a las necesidades de la ciudadanía, eliminando fugas y despilfarro de recursos, y fomentando decisiones y gasto público inteligente, asegurar la equidad de acceso a la formulación de políticas públicas y fomentar la innovación y nuevas actividades económicas ya que el compromiso de la ciudadanía y del gobierno abierto son reconocidos cada vez más como motores de la innovación y la creación de valor en el sector público, en el privado y en el social. (CLAD, 2016)

La Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto se inspira en los principios de apertura,  de legitimidad democrática, de la calidad del servicio público, de ética pública e integridad, de la transversalidad y coordinación interinstitucional, de interoperabilidad, de eficacia y eficiencia, de responsabilidad pública y corresponsabilidad con la ciudadanía,  de innovación pública, y de inclusión y multiculturalidad.

Dentro de los puntos más importantes que destaca la carta, están:

  • La información pública es un derecho humano reconocido en tratados internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
  •  Este derecho debe ser promovido, protegido y garantizado por los gobiernos, debido a su contribución al fortalecimiento de la democracia y el desarrollo de una ciudadanía informada y responsable.
  •  Se deben establecer mecanismo y condición fundamental para garantizar el ejercicio de otros derechos políticos, económicos, sociales y culturales. (CLAD, 2016).
  •  Contar con datos públicos para el desarrollo incluyente y sostenible, considerando que sean:

◦       Abiertos por defecto.
◦       Oportunos y exhaustivos.
◦       Accesibles y utilizables.
◦       Comparables e interoperables.
◦       Orientados a mejorar la gobernanza y la participación ciudadana.
◦       Apuntando hacia el desarrollo incluyente y la innovación.

La Carta señala que  “el gobierno abierto no es un fin en sí mismo, sino un medio para fortalecer la democracia, robustecer la institucionalidad pública y promover el mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas”(CLAD, 2016), invitando a los países a propagar las acciones y ámbito de influencia, más allá del Poder Ejecutivo explorando vías para la  incorporación en el Poder Legislativo (Parlamento Abierto), en el Poder Judicial (Justicia Abierta), y en los distintos niveles de gobierno, como son el plano subnacional y local (Municipio Abierto), en vías a configurar una aproximación integral y holística de Estado Abierto.

¿Cómo pueden entonces los ciudadnos ser actores protagónicos en la construcción de ciudades inteligentes que aseguren el respeto y difusión de los derechos económicos, sociales y culturales?¿Qué esfuerzos les debemos exigir a nuestros estados para que garanticen la participación sin exclusión de la ciudadanía en el diseño de nuestras ciudades inteligentes?¿Qué competencias debe formar el sistema educativo para asegurar que todos puedan usar y crear datos abiertos?¿Cómo descentrar la conversación de ciudades inteligentes del mundo de la informática y de la ingeniería, para llegar al mundo de las ciencias sociales y humanistas?

Estas son algunas de las preguntas que nos abren nuevos desafíos, tanto al mundo académico, como también a la ciudadanía que cada vez adquiere mayores mecanismos para incidir y presionar en la gestión pública.

Las ciudades inteligentes son habitadas también por ciudadanos inteligentes y parte de esa inteligencia se materializa en contar con mejores canales para acceder a información, para compartir esa información y también para encontrar distintos mecanismos para organizarse y generar acciones con  vocación de incidencia, por esta razón los estados tiene cada vez menos posibilidades de mantenerse al margen de la construcción de más y mejores canales que mejoren y garanticen el acceso a la información como el piso básico de la buena democracia.



(Ilustración: Gangilgú http://blog.joins.com/media/folderListSlide.asp?uid=liberum&folder=37&list_id=11577055)